Con dinero de todos

Ya llevan varios dias los periódicos con los informes encargados por los consellers de la generalitat de dudosa utilidad y con la sopecha de desvío de dinero público a amiguetes y ex cargos públicos.

Esta intencionalidad de desvío de dinero se puede intuir al asignar a dedo los informes a personas afines al gobierno. Esto es posible ya que la ley de contratación de servicios de las administraciones públicas permiten asignar un servicio de manera discrecional cuando el coste del servicio a contratar no supera los 12.000 euros. Esta ley pretende agilizar la contratación de servicios, ya que un concurso público puede llevar meses y los gastos menores suelen ser relativamente urgentes.

Evidentemente es un ejemplo del dicho popular de "hecha la ley, hecha la trampa". Por ese camino se han ido unos 31 millones de euros.

Probablemente no todos los informes sean innecesarios, pero hay informes bastante sospechosos como pagar 11.948 euros por encontrar "10 argumentos para el fomento de juguetes no sexistas", como si no hubiera literatura amplia sobre el tema, ni gente capaz en la Generalitat para elaborarlo.

Evidentemente este caso no es el primero, ni el único. La existencia de individuos de dudosa moralidad en cualquier tipo de gobierno sea del signo que sea es inevitable, es inherente a la condición humana.

Lo que no es de recibo es que nunca haya consecuencias para esos actos y cuanto mas arriba esta el individuo que los comete mas impune. Eso demuestra un problema mayor, la desviación de dinero no es solo hacia bolsillos particulares, sino hacia los propios partidos, que usan estos métodos como forma de financiación.

No se como decirlo, es como un impuesto mas en las espaldas de los ciudadanos. En lugar de hacer mas guarderias o carreteras, o financiar adecuadamente la educación hemos de sostener las burocracias inútiles de los partidos que nos gobiernan.

Quizas los partidos sean en realidad un organismo público, seguramente reciben mas dinero de nuestros bolsillos que de sus simpatizantes. Podrían tenerlo en cuenta cuando deciden favorecer los intereses de particulares en lugar del beneficio general.